Durante la celebración de una mesa redonda -moderada por el vicepresidente del CERMI y presidente de FEAFES, José Mª Sánchez Monge- la secretaria de Organización de COCEMFE, Roser Romero, ha hablado de falta de voluntad política a la hora de poner en marcha un modelo socio-sanitario; mientras que el director de FEDAFE, Valeriano García, ha indicado que este modelo debe focalizarse en la persona y en su calidad de vida.

 

Asimismo, Justo Herranz, representante de FEDER, ha planteado propuestas específicas para las personas con enfermedades raras (mapas de unidades y rutas de derivación, trabajo interdisciplinar, coordinación entre centros hospitalarios y centros de atención temprana, registro de pacientes y la inclusión educativa); y, por otra parte, el presidente de ASPACE Madrid, Francisco Valdivia, ha apostado por un modelo de atención personal e integrador y ha propuesto la creación de un sistema de ventanilla única especializada en discapacidad, la coordinación entre los distintos agentes, programas de cuidados paliativos o protocolos de actuación para emergencias.

 

Por su parte, la directora general de PREDIF, Elena Ortega, ha afirmado que “estamos muy lejos” de un modelo socio-sanitario” y, en su opinión, se necesita mejorar la eficacia y eficiencia del sistema adaptándose siempre a las necesidades de las personas; y, en representación de FIAPAS, Irene Patiño se ha referido al caso de las personas con discapacidad auditiva, cuya coordinación socio-sanitaria “debería implantarse desde su detección”, al mismo tiempo que ha reclamado la adaptación protésica, la intervención logopédica o la accesibilidad en la comunicación, entre otros.

 

La directora gerente de la CNSE, Marisol García, ha incidido en tres medidas necesarias, como la creación de centros de referencia en las Comunidades Autónomas, la evaluación de la situación social de la familia de la persona con discapacidad, y potenciar la colaboración entre las personas sordas, servicios sociales y educativos, las familias y las entidades de la discapacidad. Y, por último, por parte de FEAPS, Javier Tamarit también ha apostado por un modelo socio-sanitario centrado en la persona, en la familia, y en su vida en la comunidad, así como por la necesidad de la formación y la innovación.

 

 

El director general de Personalia (Grupo Fundosa/Fundación ONCE), Pablo Martín, ha expuesto la perspectiva de la gestión de un espacio socio-sanitario “todavía no resuelto”, y, en este sentido, ha manifestado que los recortes y las políticas de austeridad “pueden perjudicar la efectividad y la calidad de vida de los servicios socio-sanitarios, encareciendo los costes de atención futuros”.

 

Así, ha llamado la atención sobre la necesidad de proponerse unos retos para reorientar unos sistemas que necesitan mejorar su eficacia y adaptarse a los cambios y para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y que se contribuya a la generación de riqueza y empleo.

 

Desde el punto de vista de la gestión, ha asegurado, resulta “urgente” un sistema de acreditación modular, que diferencia los distintos programas y niveles de atención; así como un sistema de evaluación y control basado en la medición de resultados exigibles, en lugar del control de las condiciones mínimas para la prestación de servicios.

 

Asimismo, ha añadido que es necesaria la colaboración público-privada y un desarrollo tecnológico, que tiendan hacia una atención cada vez más centrada en la persona, que prioricen las intervenciones preventivas y rehabilitadoras, y donde las personas atendidas y sus cuidadores jueguen cada vez un papel más importante.

 

Por otra parte, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, que ha aportado la visión del trabajo social para un espacio socio-sanitario, ha valorado el Plan socio-sanitario que prepara el Gobierno y ha alertado sobre el  hecho de que no ha contado entre su grupo de expertos con trabajadores sociales. “El plan es excluyente y perjudica la existencia de equipos multi-profesionales de carácter bio-psico-social”, ha manifiestado.

 

Además, en su opinión, este Plan encubre la privatización de la atención a la dependencia. Según ha dicho, la integración de Sanidad y Servicios Sociales supondrá integrar la cartera de servicios de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia con las camas hospitalarias de media y larga estancia, que dependen de Sanidad.

 

Por otra parte, ha mostrado su preocupación por que el Plan vaya a dar más peso a la empresa privada y a las aseguradoras y, según ha afirmado, el Consejo General del Trabajo Social critica que “se antepongan los criterios económicos a la verdadera necesidad”.